#CongresoCoahuila. Protección a familias durante el regreso a clases, pide Felipe González

Saltillo, Coahuila, 12 de agosto de 2026.– En sesión de la Diputación Permanente se aprobó un punto de acuerdo presentado por el diputado Felipe Eduardo González Miranda, para exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y a la Secretaría de Educación Pública (SEP), que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, refuercen las acciones de vigilancia, información y protección de las familias ante posibles prácticas comerciales abusivas por parte de instituciones educativas particulares relacionadas con la adquisición de útiles, uniformes, calzado, libros y demás materiales escolares; y a la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), para que, en caso de advertir elementos que pudieran constituir prácticas anticompetitivas, proceda conforme a sus atribuciones. Previo al inicio del ciclo escolar, la PROFECO y la CONDUSEF estiman que el gasto promedio por estudiante durante esta temporada puede alcanzar hasta diez mil pesos, distribuidos principalmente entre útiles escolares, inscripciones, uniformes, y ropa y calzado, rubros que en conjunto representan la mayor parte del presupuesto familiar destinado al regreso a clases. “Resulta una práctica recurrente y ampliamente documentada que diversas instituciones educativas particulares condicionan la inscripción o la prestación del servicio educativo a la adquisición de uniformes, útiles, libros de texto o materiales escolares exclusivamente con determinados proveedores previamente designados por la propia escuela, restringiendo así la libertad de las madres, padres y tutores para elegir dónde adquirir dichos bienes y, en muchos casos, obligándolos a pagar precios superiores a los del mercado” La PROFECO ha señalado expresamente, en su Guía de Regreso a Clases 2026, que ninguna institución particular puede obligar a las familias a comprar útiles, uniformes o materiales escolares en un establecimiento específico, pues dicha conducta constituye una condición de venta contraria a los derechos de las personas consumidoras y puede ser objeto de denuncia y sanción. En la exposición de motivos, el diputado dejó claro que no se trata de atacar a las instituciones educativas particulares ni de cuestionar la educación privada, sino garantizar que las reglas sean claras, que exista información suficiente, que haya vigilancia y que las familias puedan tomar decisiones libres e informadas dentro del marco jurídico aplicable.