#CongresoCoahuila. Se llevó a cabo la Décima Novena Sesión del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 20 de diciembre de 2024

Las Diputadas y los Diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, llevaron a cabo el día de hoy la Décima Novena Sesión del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional.

En esta Sesión, primeramente el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Jesús Alfredo Paredes López informó al Pleno que se recibió el Acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, emitido en Sesión Extraordinaria celebrada el 20 de diciembre de 2024, en el que se determinan los cargos a elegir de Magistraturas y Juzgados para el inicio del Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2024-2025.

Se dispuso turnar el Acuerdo del Pleno del Tribunal Superior a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, para los efectos procedentes.

Por otra parte, las Diputadas y los Diputados aprobaron los siguientes dictámenes:

1.- Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con con Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, a iniciativa suscrita por el Gobernador del Estado, Ingeniero Manolo Jiménez Salinas.

En el dictamen, las Diputadas y los Diputados de esta Comisión señalan que la reforma propuesta al Código Electoral presenta un enfoque integral para fortalecer el sistema electoral local y garantizar la transparencia, imparcialidad y justicia en la elección de magistradas, magistrados, juezas y jueces del Poder Judicial del Estado.

Asimismo, destacan que estas modificaciones y adiciones al Código Electoral tienen por objeto: el Fortalecimiento de la autonomía y transparencia en la elección del Poder Judicial; la Promoción de una justicia democrática y accesible; el Fortalecimiento de la independencia y profesionalismo de los organismos electorales locales; la Adopción de un modelo federalista flexible y respetuoso de las competencias locales; la Garantía de derechos de las personas candidatas; y, la Transición ordenada y segura hacia el nuevo modelo de elección judicial.

2.- Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político-Electoral y

de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, a iniciativa suscrita por el Gobernador del Estado, el Ingeniero Manolo Jiménez Salinas.

Las Diputadas y los Diputados de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Dictamen subrayan que la reforma a la Ley de Medios de Impugnación es una respuesta necesaria y oportuna ante los cambios constitucionales federales que promueven la elección popular de las personas magistradas y juezas del Estado, y presentan como principales argumentos a favor de la reforma, los siguientes:

El Fortalecimiento de la autonomía estatal y la flexibilidad legislativa; el Establecimiento de un mecanismo especializado para los medios de impugnación; refuerza la independencia del Tribunal Electoral local; la garantía de los derechos político-electorales de los aspirantes a cargos judiciales; el fomento de la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso electoral judicial; y, el cumplimiento con los principios constitucionales de acceso a la justicia.

A manera de conclusión, las y los integrantes de esta Comisión sostienen que la reforma a la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político-Electoral y de Participación Ciudadana es una medida necesaria y adecuada para garantizar la transparencia, imparcialidad y justicia en el proceso de selección de las personas magistradas y juezas. Al fortalecer la autonomía del Estado, mejorar los mecanismos de impugnación, y proteger los derechos de las y los aspirantes a cargos judiciales, se está contribuyendo a un sistema electoral y judicial más eficiente, equitativo y confiable; y que, no solo refuerza el marco legal, sino que también afianza el compromiso con los principios democráticos fundamentales, promoviendo una justicia accesible, efectiva y transparente.